Por: José Luis Ayala - DIVERZA
Para todos aquellos que decidimos incursionar en el terreno de la Factura Electrónica como negocio, algunos antes que otros, no deja de sorprendernos cómo es que a pesar de que su utilización es exigible ya universalmente —todo tipo y tamaño de contribuyente está obligado a utilizarlo— y de que su historia formal supera escasamente los 10 años, aun sigue siendo incomprensible en algunos de sus aspectos para la gran mayoría de los contribuyentes, incluso para aquellos que la utilizan desde sus inicios.
Es cierto que hay un estrato de contribuyentes —los más pequeños y menos “internetizados”— para los que es entendible y hasta justificable que la obligación les resulte un tanto incómoda, pero también es cierto que esto es así no porque sean incapaces de acceder a la tecnología que hace posible el cumplimiento de dicha obligación, sino más bien porque para ellos representa un cambio radical en términos de cultura —por el poco o nulo hábito de registro de operaciones— y porque para algunos de ellos siempre les resultará más cómodo permanecer ajenos a la evolución tecnológica que de hecho ya es inevitable en materia tributaria.
Para otros estratos de contribuyentes, entre los que están incluso aquellos que entienden perfectamente la tecnología involucrada y que aprecian con mucha mayor claridad sus beneficios operativos y económicos, también hay espacios en blanco que sólo al SAT y a quienes tienen el carácter de Proveedores Autorizados de Certificación les corresponde llenar —al primero en términos de difusión y al segundo en términos de mejores prácticas— en el ánimo de que el modelo se consolide y alcance su plena madurez.
Esos espacios en blanco son precisamente aquellos en donde la certeza legal sobre lo que se acredita o sobre lo que se deduce podrían significar el todo o el nada tanto para la autoridad como para el contribuyente. Son espacios en los que en este terreno, como en otros tantos, la presencia de un tercero confiable es la más viable y eficaz de las soluciones. De ahí la esencia y razón de ser y de existir de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC).
Porque si bien es cierto que su presencia ha contribuido de manera significativa en la masificación del modelo en nuestro país —por la multiplicación de la infraestructura y de las soluciones tecnológicas necesarias para ello— mucho más cierto el hecho de que la confidencialidad, la seguridad y la disponibilidad requeridas para un modelo que inevitablemente hace uso de internet como plataforma de operación y distribución, no tienen un mejor garante que un PAC, primero por el marco legal que lo regula y segundo por la disminución del impacto económico en los contribuyentes.
Aun falta mucho por hacer para consolidar el modelo por supuesto y con la ampliación en las operaciones que de manera digital deberá hacer el contribuyente en su interacción con el SAT, con toda certeza veremos en el corto plazo quizá una ampliación también es las responsabilidades y operaciones de un PAC.
